Articulo invitado: Miguel Guerrero
De las muchas
tareas que los dominicanos deberíamos tener en agenda, las más importantes se
relacionan con la necesidad de establecer normas lo suficientemente claras en
el campo de los derechos ciudadanos. Nos esperan pues grandes batallas de
opinión pública.
Sin ánimo de
exageración, no me cabe duda alguna de que del éxito de esas luchas dependerá
el futuro de las libertades. Si queremos vivir en paz y sin miedo a los excesos
de la autoridad estatal, debemos construir una corriente de opinión capaz
de derribar la intolerancia propia de los poderes públicos. Los gobiernos no
pueden continuar actuando a espaldas de las realidades nacionales ni del
interés de la población. En una democracia real, los gobernantes responden a
las demandas del público. En nuestra peculiar forma de entenderla, los
ciudadanos estamos subordinados al capricho de quienes ejercen funciones
públicas, sea por mandato popular o por designación administrativa.
El poder
discrecional de los funcionarios es demasiado abarcador. No está sujeto a
límites racionales de orden moral o legal, y en el caso de estos últimos no
existen sanciones disciplinarias capaces de poner control a los frecuentes
desmanes al uso de sus poderes o recursos públicos. Todo eso deberá ser
modificado si queremos vivir en un estado pleno de derecho y preservar las
libertades ciudadanas obtenidas a costa de muchos sacrificios y arduas
luchas.
La fuerza de la
opinión pública ha quedado demostrada en nuestro país en los últimos años, a
consecuencia de importantes victorias sobre la autoridad gubernamental. Y se ha
manifestado por igual en procesos electorales, cuando la indignación ha
empujado a un voto mayoritario de repulsa a una u otra candidatura.
Quizá ningún otro
ejemplo ilustre la trascendencia de una fuerte corriente de opinión, como la
victoria del 4% por ciento para el sector educativo.
0 comentarios:
Publicar un comentario